COLLECTIVE LITIGATION OF ENVIRONMENTAL RIGHTS IN COLOMBIA: AN EMPIRICAL STUDY

Abstract

This paper presents the results of an empirical study that systematized environmental judicial opinions handed down by Colombia’s highest administrative Court —Consejo de Estado— over a 17-year period (1998-2015). Thanks to a research grant, the authors and a team of coders systematized, using state-of-the art content analysis methodologies, more than 250 opinions handed down by Colombia’s highest administrative Court. The results presented in this paper show the most important trends of collective environmental litigation in Colombia: types of plaintiffs and defendants; type of environmental resources involved in the case; plaintiffs’ success rates; most litigious regions and cities; overall effects of economic incentives on the type of litigation, among several other subjects. This paper concludes that collective environmental litigation has been instrumental to protect environmental resources in Colombia, one the most biodiverse countries in the world. Finally, the paper concludes that the elimination in 2011 of the economic incentive in favor of litigants did not favor public interest litigation.

Este artículo presenta los resultados de un estudio empírico que sistematizó las acciones populares falladas por el Consejo de Estado colombiano durante un período de 17 años (1998-2015). Los autores utilizaron metodologías de análisis cuantitativo y cualitativo para sistematizar más de 250 fallos de acciones populares decididas por el Consejo de Estado. Los resultados presentados en este artículo muestran las tendencias más importantes del litigio de acciones populares ambientales en Colombia: tipos de demandantes y demandados; tipo de recursos medioambientales protegidos; tasas de éxito de los demandantes; regiones y ciudades más litigiosas; efectos generales del incentivo económico en el tipo de litigio, entre otras variables. Los resultados de este estudio también muestran que el incentivo económico para las acciones populares no estaba favoreciendo los intereses de litigantes temerarios, como lo sostuvo el gobierno nacional cuando propuso al Congreso una reforma a las acciones populares, que se concretó en la Ley 1425 de 2010. Finalmente, se sugiere que la eliminación del incentivo económico de las acciones populares puede tener un efecto negativo sobre el litigio de interés público.