La problemática de distribución de competencias en materia de salvamento marítimo. El caso del Derecho español

Abstract

The 1978 Spanish Constitution established a distribution of competences between the Central Government (Executive) and Spanish Regions (Comunidades Autónomas). Some of the competences remained exclusive to the Central Government (Executive) and others are shared with the Regions. Marine Salvage is a shared competence. The Central Government has the right to create Statutes, and the Regions can execute them. Each Region must create its own Statute of Autonomy in agreement with the Central Government. At national level, Maritime Salvage is regulated by the Spanish State Ports and Merchant Marine Act of 1992. This Statute created a Salvage National Service Agency (Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima Sasemar) which has been ratified by the Spanish Constitutional Court as a valid rule. The Canary Islands Autonomous Community enacted several regional laws using its constitutional competences on Maritime Salvage.

La Constitución Española de 1978 establece una distribución de competencias entre el Gobierno central y las diferentes Comunidades Autónomas (CCAA) que conforman el territorio español. Algunas de estas son exclusivas del Gobierno central y otras compartidas con los diferentes gobiernos autonómicos. Cada Comunidad Autónoma (CA) debe negociar su “Estatuto de Autonomía”, en el que se incluye el traspaso de determinadas competencias acordadas con el Gobierno central. El salvamento marítimo es una facultad compartida entre los niveles políticos antes mencionados. Así, el Gobierno central tiene competencias legislativas sobre salvamento marítimo y las CCAA tienen competencias ejecutivas en esta materia. A nivel nacional, la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante de 1992 regula el salvamento marítimo creando la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), habiendo sido esta normativa declarada constitucional por el Tribunal Constitucional español. La Comunidad Autónoma de Canarias ha promulgado diversas normativas en ejercicio de sus facultades constitucionales en salvamento marítimo.